“Rechazamos este operativo principalmente por tres cuestiones: en primer lugar es una evaluación sin ningún tipo de participación de los docentes y los gremios. Son ‘aplicadores’ externos. Por resolución de la UNESCO, todo régimen de evaluación implica la participación de los sindicatos locales, pero acá se ideó todo sin que nos hayan consultado nada. En segundo lugar, medir y evaluar mediante una disciplina o dos, es elaborar completamente un estudio sesgado y reduccionista de los contenidos que deben adquirir los alumnos porque más que conocimientos importa que los chicos aprendan valores y principios que sean aplicables en sociedad. Y por último, existe una clara intencionalidad política para poner en tela de juicio la educación pública. Desde el gobierno hay una clara intención de fragmentar, de generar rankings de las mejores escuelas y docentes para que se remarque que la educación privada es mejor y de ese modo, premiar a ese tipo de enseñanza. Y no creemos que sea así. En todas las regiones del país, existen muy buenas escuelas privadas como públicas".